La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde su fundación en 1945 para impedir o evitar que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
Tres años después, en la Declaración Universal de los Derechos del Humanos, la Asamblea General esgrimió que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana "son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo". En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Con el Día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948. En el transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a sus violaciones dondequiera que ocurran.
El día de los Derechos Humanos en este 2009, se centra en el Derecho a la no discriminación. "Todos los seres humanos NACEN libres e iguales en dignidad y derechos". Estas primeras palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos estableció hace 61 años, la premisa básica del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, hoy, la lucha contra la discriminación sigue siendo una batalla diaria para miles de yucatecos.
La tutela y beneficio de todos los derechos humanos, - sociales, económicos y culturales, así como los derechos civiles y políticos -, con demasiada frecuencia se vulneran y se obstaculiza su pleno ejercicio por la discriminación. Discriminación estructural, institucional e individual. Discriminación que en silencio y sin denunciar, por desconocimiento de sus derechos, por temor, por complacencia o simplemente por incredulidad o desconfianza a las autoridades e instituciones para proteger los derechos humanos, más cuando la discriminación es un acto institucional, ¿contra quién se quejan?, ¿ contra el Gobierno, contra el Estado. Otra causa, para un ejercicio pleno de los derechos humanos y particularmente A LA NO DISCRIMINACIÓN, muy relevante para este Congreso, porque es parte de sus funciones, es la falta de una norma jurídica que proteja este derecho. Hay una iniciativa de LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION DEL ESTADO DE YUCATÁN, presentada hace más de un año. Hoy, día declarado para los derechos humanos y particularmente este 2009 con el derecho a la NO DISCRIMINACIÓN, retomemos esa iniciativa como una acción de este Congreso para observar realmente este día.
En este 2009, hoy 10 de diciembre, estamos aún lejos de afirmar que se ha avanzado en la supremacía del respeto y tutela de los derechos humanos, sólo basta con ver el incremento de la pobreza para afirmar que hemos retrocedido en México y en Yucatán. Así como, el camino que se había abierto desde hace varios años para proteger y avanzar en el derecho a la igualdad, a la No Discriminación por género, en el derecho a la salud sexual y reproductiva, el pasado 15 de julio, de este 2009, en un acto que se configura como violencia institucional contra las mujeres, este Congreso aprobó por votación mayoritaria criminalizar y penalizar el aborto y coartar las posibilidades de avance del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres yucatecas a su libertad, a la equidad con los hombres y al de salud sexual y reproductiva, derechos protegidos ya en la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW), ratificado por México y por tanto, son parte del Ordenamiento jurídico de México.
Esta violencia institucional contra las mujeres se refuerza por el hecho de que el estado no es capaz de garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sobre todo de las que están en situación de pobreza y marginación, condenándolas y convirtiendo al Estado y específicamente al gobierno en irresponsable hacia sus gobernados y hacia los más vulnerables. Un gobierno, que en un madruguete del PRI, que establece constitucionalmente, el reconocimiento de la vida desde la concepción, sin sustento científico y más bien con intereses mezquinos de poder.
Tampoco se puede decir que existen respeto y cumplimiento a los derechos humanos, cuando en Yucatán los derechos civiles y políticos de personas de opciones y preferencias sexuales diferentes se les escatima sus derechos de asociación voluntarias, de adopción y unión y constitucionalmente se les excluye y discrimina.
Está claro que la responsabilidad principal de la protección de los derechos humanos recae en los gobiernos, tal y como está establecido en la Declaración sobre Defensores de las Naciones Unidas.
"Dignidad y justicia para todos nosotros", refuerza la visión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un compromiso con la dignidad y justicia universal, no es una magnificencia utópica, ni una lista de buenos deseos. La Declaración Universal y sus valores fundamentales, la dignidad humana inherente, la no discriminación, la igualdad, la libertad, la equidad y la universalidad de los mismos, se aplican a todos los hombres y mujeres, en todas partes y nos concierne a todos. y para siempre. La Declaración es universal, duradera y dinámica, y que nos concierne a todos.
Se ha proclamado que la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, sirva de paradigma común para evaluar el progreso de los pueblos y las naciones en materia de derechos humanos.
Quiero terminar con un señalamiento del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon:
“ES NUESTRO DEBER GARANTIZAR QUE ESOS DERECHOS SEAN UNA REALIDAD VIVA, QUE SEAN CONOCIDOS, COMPRENDIDOS Y DISFRUTADOS POR TODOS, EN TODAS PARTES. A MENUDO LOS QUE MÁS NECESITAN DE SUS DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS, TAMBIEN NECESITAN SER INFORMADOS DE QUE LA DECLARACIÓN EXISTE, Y QUE EXISTE PARA ELLOS”.
Mérida, Yucatán a los 10 días de diciembre de 2009.
Iniciativa de Ley de austeridad y economía del gasto público de Yucatán
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Yucatán y tiene por objeto establecer disposiciones de carácter general para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo que deben regir para la elaboración, control y ejercicio anual del Presupuesto que realicen los tres Poderes del Estado y sus dependencias, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, así como de los municipios y sus dependencias, administración paramunicipal, instituciones y organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado y cualquier otro ente público. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y la Contaduría Mayor de Hacienda interpretará y vigilará su debida observancia.
Artículo 2. Esta Ley no será aplicable a las adquisiciones financiadas total o parcialmente con cargo a recursos federales, quedando sujetas a la normatividad federal aplicable, siempre y cuando dicha normatividad prevea las adquisiciones reguladas por esta Ley.
Artículo 3. Para efectos de esta ley, se reputarán servidores públicos a los miembros, funcionarios y empleados del Poder Judicial del Estado; a los representantes de elección popular, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso Local, o en la Administración Pública Estatal centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, así como de los municipios y sus dependencias, administración paramunicipal, fideicomisos públicos, instituciones y organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado y cualquier otro ente público que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza que implique la utilización de recursos públicos o el ejercicio de competencias jurídicas de carácter estatal o municipal.
CAPÍTULO II
Servicios personales
SECCIÓN 1.ª DE LA REMUNERACIÓN
Artículo 4. Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos correspondiente sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo y en especie, fija y variable, directa o indirecta, nominal y adicional, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, seguros, gastos médicos privados y cualquier otra, con excepción de los gastos de viaje en actividades oficiales sujetos a comprobación.
II. Ninguna servidora o servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador o la Gobernadora en el presupuesto correspondiente.
III. Ninguna servidora o servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos compatibles legalmente, que su remuneración sea producto de las condiciones generales, derivada de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función; la suma de dichas retribuciones no deberá exceder de lo dispuesto en la fracción que antecede.
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que estos se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración.
V. En el caso de que una servidora o servidor público perciba alguna pensión o jubilación, la remuneración que reciba sumada a su pensión o jubilación no podrá exceder al tope establecido en la fracción II de este artículo.
VI. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos a los que se refiere la fracción I de este artículo.
VII. En el caso de que un servidor público perciba alguna pensión o jubilación, la remuneración que reciba sumada a su pensión o jubilación no podrá exceder al tope establecido en la fracción II de este artículo.
Artículo 5. La remuneración anual bruta que reciban los servidores públicos se sujetará a los topes máximos siguientes:
I. Para el Gobernador del Estado hasta 20,000 salarios mínimo diario vigente en el Estado.
II. Para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal Electoral, Diputados locales, Consejeros del Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, hasta 16,800 salarios mínimo diario vigente en el Estado.
III. Para los Regidores de los 106 Ayuntamientos del Estado de acuerdo a lo siguiente:
a) Hasta 16,800 salarios mínimo diario vigente en el Estado, para los Ayuntamientos cuyo cabildo sea de diecinueve integrantes.
b) Hasta 10,300 salarios mínimo diario vigente en el Estado, para los Ayuntamientos cuyo cabildo sea de once integrantes.
c) Hasta 8,000 salarios mínimo diario vigente en el Estado para los Ayuntamientos cuyo cabildo sea de ocho integrantes.
d) Hasta 6,000 salarios mínimo diario vigente en el Estado para los Ayuntamientos cuyo cabildo sea de cinco integrantes.
SECCIÒN 2. ª DE LA AUSTERIDAD EN LA ORGANIZACIÒN BUROCRÀTICA
Artículo 6. No se crearán nuevas plazas para servidores públicos.
Artículo 7. Los titulares de los Poderes y de los Órganos Autónomos aprobarán durante los primeros treinta días del ejercicio presupuestal, las disposiciones específicas para limitar al mínimo indispensable las erogaciones de los recursos asignados a las contrataciones del personal eventual y de honorarios. Informarán de ello a los órganos internos de control y a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Artículo 8. Se prohíben las pensiones a los ex gobernadores del Estado.
Artículo 9. Únicamente contarán con Secretario Particular, el titular del Poder Ejecutivo y los Secretarios de sus dependencias.
Artículo 10. Quedan vedadas las plazas de Secretario Privado o equivalente.
Artículo 11. Solo el titular del Ejecutivo Estatal podrá contar hasta con 3 asesores.
Artículo 12. La contratación de empleados para seguridad personal, solo será autorizada, en caso de ser necesaria y por el plazo que determine el Congreso del Estado, al Titular del Ejecutivo Estatal, al Presidente del Tribunal de Justicia, al Procurador General de Justicia del Estado, los sub Procuradores de la misma; al Secretario y subsecretarios de la Secretaría de Seguridad Pública.
CAPÍTULO III
Gastos administrativos y de apoyo al desempeño de las funciones
Artículo 13. En materia de gastos administrativos se observarán los siguientes criterios:
I. Los vehículos que adquieran las dependencias y entidades con cargo al Presupuesto, solo operaran en días y horas laborables, salvo aquellas, como las de Seguridad Pública y Salud, que por su naturaleza deben prestar un servicio continúo las 24 horas, los 365 días del año. No podrán asignarse vehículos automotores para uso personal a funcionarios o empleados públicos del ámbito estatal o municipal.
II. Para fines oficiales únicamente podrán ser autorizados vehículos al titular del Poder Ejecutivo, los Secretarios o puestos homólogos; dentro del Poder Judicial, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Presidente magistrado del Tribunal Electoral, al Presidente del Congreso del Estado, al Consejero Presidente del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, al Presidente y a los Visitadores Generales de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán; y al Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán.
III. Los vehículos oficiales al servicio de las actividades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Tribunal Electoral, los asignados a los Diputados del Congreso Local de Yucatán, del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán; del Instituto Estatal de Acceso a la información Pública y de la Universidad Autónoma de Yucatán; sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si tienen, al menos, cinco años de uso;
b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente, y;
c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual a mayor a su valor de enajenación presente.
IV. Las nuevas unidades que se adquieran, para uso exclusivo de actividades operativas de las dependencias de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Tribunal Electoral, los asignados a los Diputados del Congreso Local de Yucatán, del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán; del Instituto Estatal de Acceso a la información Pública y de la Universidad Autónoma de Yucatán; tendrán un costo hasta de 250 veces el salario mínimo mensual vigente en Yucatán.
V. Solo podrán exceder el costo señalado, los vehículos destinados a las actividades regulares del Titular del Poder Ejecutivo, de la Secretaria de Seguridad Publica, y de la Procuraduría de Justicia del Estado y los requeridos en el sector salud. Los cuales podrán adquirir automotores blindados y equipados, previa autorización del Congreso del Estado.
VI. Únicamente se podrán autorizar gastos por servicios de telefonía celular y combustible: Al titular del Poder Ejecutivo y a los Secretarios o puestos homólogos; dentro del Poder Judicial, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral y el Consejero Presidente del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana; al Presidente y a los Visitadores Generales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
VII. Se reducirá en un 50% el gasto de alimentación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. Sin que esto signifique disminuir el desempeño de las funciones y actividades del sector salud, educación, seguridad pública y procuración de justicia;
VIII. Solamente se podrán cubrir gastos por concepto de viáticos y pasajes que sean estrictamente necesarios para el desempeño de las tareas y funciones de los servidores públicos, cuando el traslado sea mayor a 60 kilómetros a la redonda del punto de salida.
IX. Cada dependencia o entidad de los tres Poderes del Gobierno del Estado, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado de Yucatán, reducirán sus viajes al interior del país en un 50% de lo realizado durante el año lectivo vigente a la publicación de esta Ley.
X. Únicamente se podrá contratar boletos de avión de primera clase el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
XI. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, previa autorización del Congreso del Estado, podrá realizar hasta dos viajes oficiales al extranjero.
XII. Las dependencias y entidades, no podrán exceder, por ningún motivo, los montos erogados en el ejercicio inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación, por concepto de gastos de orden social, servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo con la autorización indelegable de sus respectivos titulares.
Artículo 14. En materia de gastos para el apoyo en el desempeño de funciones se aplicarán los siguientes criterios:
I. Las contrataciones de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones deberán reducirse en un 50% y sujetarse a un proceso de concurso público.
II. El presupuesto que ejercerán las unidades de comunicación social, de todos los entes establecidos en el artículo 1 de esta ley, deberá reducirse en un 70%.
III. No podrá constituirse fideicomiso alguno con recursos públicos. Los ya existentes se sujetarán a lo siguiente:
a) No podrán incrementar sus fondos con recursos públicos;
b) Las autoridades de la Administración Pública Estatal deberán presentar en sus respectivas cuentas públicas un informe pormenorizado sobre el comportamiento financiero y el destino de los recursos de los fideicomisos ya constituidos. La Secretaría de Hacienda del Estado integrará en la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal, un apartado con los informes de todos los fideicomisos constituidos con recursos públicos.
CAPÍTULO IV
De la aplicación de los recursos económicos ahorrados
ARTÍCULO 15. Todos los ahorros generados por la aplicación de la presente Ley deberán concentrarse en un fondo especial, cuya aplicación deberá destinarse año con año, previa aprobación del Congreso local, en los diez municipios más pobres del Estado en programas de proyectos de producción en el sector primario y secundario del sector social; de educación básica que garantice la cobertura universal en esos municipios; centros de salud con servicios de salud de primer nivel mínimo; infraestructura productiva y social. Esta inversión deberá ser sin menoscabo de la programación, presupuesto y gestión contemplada para estos diez municipios.
Para efecto de lo anterior, tanto en los Presupuestos de Egresos Anuales, como en los Informes de Gobierno respectivos, deberán contener un apartado donde se desagregue los egresos y su aplicación para los diez municipios más pobres del Estado.
CAPÌTULO V
De las responsabilidades de los servidores públicos
ARTÍCULO 16. Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones previstas en esta Ley incurrirán en responsabilidad administrativa independiente de las de orden civil o penal.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley y se abroga la Ley de Pensiones para los Ex gobernadores del Estado de Yucatán.
TERCERO. Las disposiciones de la presente ley deberán observarse a partir de los Presupuestos de Egresos de 2010 de todos los entes públicos obligados.
CUARTO. Si la presente ley entrara en vigor después de ser aprobados los Presupuestos señalados en el artículo anterior, las adecuaciones a éstos para aplicar las disposiciones de esta ley se harán dentro de un plazo improrrogable de noventa días naturales a partir de su entrada en vigor.
QUINTO. Las remuneraciones de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, las de los Magistrados del Tribunal Electoral y las de los Consejeros del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, que perciban hasta la entrada en vigor de la presente Ley, si es superior al máximo establecido en la fracción II del artículo 5, se mantendrá su remuneración nominal señalada en los presupuestos vigentes hasta la culminación de sus respectivos encargos, pero no podrá incrementarse ésta, ni podrán recibir remuneración adicional alguna sea en dinero o especie, fija o variable, excluyendo el aguinaldo, hasta quedar en dicho máximo.
Todos l@s yucatec@s tienen el derecho de conocer y opinar sobre la forma en que se está gastando e invirtiendo los recursos económicos que administra el Gobierno del Estado.
Te invito a que revises los documentos del 2º Informe de Gobierno (click aquí), que la Señora Ivonne Ortega Pacheco envió a este Poder Legislativo el pasado 18 de octubre.
Hago de tu conocimiento que el análisis y la respectiva glosa de este 2º Informe de Gobierno lo realizáramos los 25 diputados de este H. Congreso del 4 al 17 de noviembre del año en curso.
Si tienes comentarios al respecto, mucho te agradeceré nos los hagas llegar a través del correo bertha.perez@congresoyucatan.gob.mx ó bertha.perez.medina@gmail.com a la brevedad posible. Esto con el objeto de cumplir con el espíritu de la democracia participativa.
Recibe un afectuoso saludo de tu sincera representante en el Congreso Estatal:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL PLENO DE LA LVIII LEGISLATURA DE ESTE HONORABLE CONGRESO DE YUCATAN ESTABLECE UN METODO EN EL PROCESO DE ANALISIS PREVIO A LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO PARA QUE CONCURRAN A ESTE H. CONGRESO LOS SECRETARIOS DE LAS DEPENDENCIAS CABEZAS DE SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL CON EL OBJETO DE AMPLIAR LA INFORMACIÓN O ACLARAR DUDAS O IMPRECISIONES, EN MATERIA DE POLITICAS PUBLICAS EN ECONOMIA, EN SEGURIDAD PUBLICA Y EN DESARROLLO HUMANO.
Con fundamento en el artículo 30, fracción XXXIV; de la Constitución Política de Yucatán y en los artículos 97, 99 y segundo párrafo del artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, me permito someter a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:
Considerandos
1-. Una vez que este Honorable El Congreso celebró la Sesión Solemne el tercer domingo de octubre del año en curso, tal y como lo mandata el artículo 28 de la Constitución Política de Yucatán, para que el Gobernador del Estado rindiera su informe por escrito, acerca de la situación que guarden las diversas ramas de la administración, el cual debe contener un apartado que comprenda de manera sucinta el resumen del informe en sus distintos ámbitos de competencia.
2-. Que los diputados somos los representantes de la voluntad popular de manera directa e inmediata, y que estamos comprometidos para cuidar y defender los derechos y obligaciones de nuestros mandantes, los ciudadanos.
3-. Que una de nuestras funciones más importantes es la de control y fiscalización de las acciones de la Administración Pública del Estado.
4-. Que no existe un formato conforme al cual se desarrolle el trabajo de análisis y glosa.
En este sentido, se propone que dicho trabajo de análisis se lleve a cabo con por medio de la temática antes señalada y con la participación de todos los grupos parlamentarios representados en este Honorable Congreso.
5-. Que para profundizar en el análisis y glosa del Segundo Informe de Gobierno y establecer un diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, este cuerpo colegiado considere la pertinencia de citar a comparecer a los secretarios del gabinete estatal que son coordinadores o cabezas de sector de la Administración Pública.
En razón de lo expresado, con fundamento en el artículo 30, fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como en los artículos 7 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso, se somete a consideración del Pleno el siguiente: los siguientes acuerdos:
Primero. Se cite a comparecer a los Secretarios de la Administración Pública Estatal que sean coordinadores o cabezas de Sector, con el fin de profundizar en el análisis y glosa del Segundo Informe de Gobierno.
Segundo. El programa de comparecencia será el siguiente:
1. Lunes 2 de noviembre, Sector Política Administrativa y Gobierno de Calidad.
2. Martes 3 de noviembre, Sector Fomento Económico.
3. Miércoles 4 de noviembre, Sector Desarrollo Humano.
4. Jueves 5 de noviembre, Sector Política Social.
5. Viernes 6 de noviembre, Sector Desarrollo Territorial.
6. Lunes 7 de noviembre, Sector Legalidad, Seguridad y Desarrollo Político.
Todas las comparecencias serán a partir de las 16:00 horas en la Sala de Juntas Previas de este recinto legislativo.
Tercero. Las comparecencias serán presididas por el Presidente de la Gran Comisión.
Cuarto. En las comparecencias, en representación de cada una de las fracciones parlamentarias, un diputado planteara una primera ronda de preguntas en un tiempo no mayor de tres minutos. El secretario responderá a las preguntas seguidamente de cada diputado ocupando un tiempo de hasta cinco minutos.
Habrá una siguiente ronda de preguntas y respuestas con el mismo criterio.
Finalmente un comentario final en representación de cada una de las fracciones parlamentarias hasta por cinco minutos.
Quinto. Publíquese en el Diario Oficial del Estado
Con fundamento en el artículo 30, fracción XXXIV; de la Constitución Política de Yucatán y en los artículos 97, 99 y segundo párrafo del artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, me permito someter a consideración de esta Asamblea para que se ponga a discusión y votación.
Mérida, Yucatán, a los 22 días del mes de octubre de 2009.
Ante los repetidos actos jurídicos innegablemente contradictorios y el total alejamiento del acatamiento a la normatividad legislativa con que debe conducirse la mayoría de diputados locales de la actual LVIII Legisladora del Poder Legislativo de Yucatán, Quiero comunicarte que en mi calidad de diputada local, representando los intereses de los yucatecos y yucatecas, hice uso de la palabra durante la Sesión Plenaria del Congreso de Yucatán, del día de hoy, 20 de octubre de 2009, para dejar de manifiesto que mi voto en contra de la propuesta de las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, para aprobar las Cuentas Públicas de los Ayuntamientos del Estado, no están cumpliendo su cometido, toda vez que se manipula la normatividad orgánica del Congreso, de acuerdo a los intereses de filiación partidista y no con base al interés general de la sociedad yucateca.
Por ello, como diputada señale: “No es cosa menor la forma en que se esta legislatura lleva a cabo la función de fiscalización de la Cuentas Públicas”.
Y fue especifica al dije: “Los hechos en esta materia, dejan a la luz los asuntos relacionados con la Hacienda Pública y la revisión y aprobación de las Cuentas Públicas, y la revisión y aprobación de la cuentas públicas se manejan, más como monedas de cambio, o como ases bajo la manga, y con intereses políticos partidistas; y no como una responsable función de fiscalización de los recursos públicos.
“Este dictamen, que hoy se nos pone a consideración es un buen ejemplo. Ilustra con mucha claridad la arbitrariedad, la discrecionalidad y falta de transparencia en materia de Hacienda Pública”.
Te hago llegar, el sonido de audio sobre mi segunda intervención, ya que el cumplimiento de informar debidamente sobre todos los asuntos públicos, como son las sesiones de los Diputados, en el Congreso del Estado no se respetan a cabalidad. La Sesión correspondiente al día de hoy, que debió trasmitirse vía Internet, no trasmitió las imágenes de dicha Sesión.
Ese es uno de varios argumentos con que sustente mi propuesta para que las Sesiones del Congreso se trasmitan por el canal 13 local, que es propiedad de los yucatecos, y pese a que dicha propuesta fue aprobada por unanimidad, hasta la fecha no se conforma la Comisión para gestionar ante el Ejecutivo Estatal la posibilidad de que los yucatecos puedan observar vía televisiva, como actúan, y en qué sentido votan los diputados.
Sólo sentenciaron a 93 agresores en 2,276 casos de violencia
Diario de Yucatán 16/10/2009.- La diputada Bertha Pérez Medina indicó que impulsará reformas a la legislación para aumentar las sanciones en casos de violencia contra la mujer y lograr que ese delito se persiga sin necesidad de una denuncia.
En esa tarea espera contar con el apoyo de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento, la Asociación de Mujeres Profesionales del Derecho Antonia Jiménez Trava y otras instancias a las que recurrirá para ese fin.
La legisladora del PRD indicó que el Grupo Indignación hizo un estudio que revela el problema de la administración de justicia que hay en esa materia.
—Esa agrupación de promoción y defensa de los derechos humanos halló que de 2000 a 2005 hubo 2,276 casos de violencia contra mujeres —agregó—. De ese total, sólo 93 llegaron a una sentencia contra el agresor, lo cual muestra que hubo impunidad en 96% de los casos.
Coincidió con Alicia Canto Alcocer, directora de la Casa de la Mujer, sobre la conveniencia de elevar las sanciones contra quienes cometen ese delito y que se persiga de oficio.
—Para las mujeres agredidas resulta tortuoso el proceso legal para llegar a una sentencia contra el victimario —expresó—. En todo ese camino hay una violación reiterada del derecho de las mujeres a una vida sin violencia, por tanto conviene que puedan iniciarse procesos legales contra los agresores sin necesidad de una denuncia.
Además, considera que crecerá el número de denuncias porque ya no hay el impedimento legal que exigía que la violencia fuera “reiterada” para que proceda la acusación
Ante la constante protesta y objeciones al proceso de tramite en asuntos de fiscalización de cuentas publicas en el Congreso del Estado, hoy, 29 de septiembre de 2007, el PRI, presentó un Punto de Acuerdo que implícitamente reconoce los argumentos esgrimidos constantemente, lo que le da la razón a la Dip. Perredista Bertha Pérez Medina.
Sin embargo, en lugar de aclarar las competencias de la Primera Comisión de Hacienda Pública, que preside la diputada priísta Gabriela Santinelli Recio, y de la Segunda Comisión de Hacienda Publica, donde funge como Secretaria de la misma la Dip. Pérez Medina, se opta por suprimir las facultades y atribuciones de la Segunda Comisión de Hacienda Publica, para concéntralas en la Primera Comisión.
Es preciso señalar que los grupos parlamentarios de oposición, representados en el Congreso Local siempre han cuestionado la falta de transparencia en la fiscalización que se hace a las haciendas municipales y a las cuentas publicas del gobierno del estado.
El ejemplo más reciente, es la aprobación de endeudamiento que se dictaminó en 24 horas en la Primera Comisión de Hacienda Publica, para que el Gobierno del estado disponga de 1, 870 millones de pesos, y sin que haya mediado un verdadero análisis y razonamiento del por qué y para qué. Exponiendo con ello, de manera irresponsable, la salud de las finazas estatales que de una u otra forman impactan en la economía de todos los sectores sociales de Yucatán.
De nueva cuenta, los 14 diputados priístas de la “nueva mayoría”, con el apoyo de la diputada del PT-Convergencia, Doris Candila Echeverría que integran la LVIII del Congreso de Yucatán, dichos cambios se hacen por medio del madruguete en fast track, es decir en menos de 24 horas.
Es claro; el objetivo principal es evitar que esta Comisión Segunda de Hacienda conozca y decida sobre solicitudes de los municipios y codictamine las cuentas públicas. La reforma aceptada por la mayoría de diputados priístas mediante el acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.
Con el permiso de la Mesa Directiva; Diputadas y diputados de esta LVIII Legislatura: A los ciudadanos de Yucatán.
“Tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro”
Benito Juárez García
Podría decir simplemente… ¡Sin Comentarios! Ante mi perplejidad de ver cómo se corrompe el quehacer legislativo en este Congreso. Pero desde luego, por decoro y respeto a la ciudadanía yucateca no lo voy a hacer.
No cabe duda que todos los días se aprende algo. En estos días he aprendido lo que son los verdaderos “fast track”. Los anteriores fueron escuetas caricaturas, comparados con los dos últimos dictámenes y aprobación de las respectivas normas.
Así el 14 de julio próximo pasado el PRI presentó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 1º. , sobre la definición de la vida, y al día siguiente 15, a escasas 24 horas, ya la estaba aprobando en este Pleno. Hoy; se está debatiendo, si a esta comedia se le puede denominar un debate, hasta las piezas del teatro regional son más serias que este remedo de discusión; y seguramente en unos momentos más será aprobada una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo del estado donde en la primera y única sesión, efectuada el día de ayer, se presentó a los integrantes de las comisiones encargadas de dictaminarlas y luego de una simple lectura se aprobó el dictamen que hoy se nos pone a consideración.
En la sesión del martes 15 pasado, día en que se presentó dicha iniciativa, escuche con mucha atención la ardiente petición de los diputados del PRI que hicieron uso de de la palabra en esta tribuna, de que no se descalificara a PRIORI y de que los demás diputados fuéramos “r-e-s-p-o-n-s-a-b-l-e-s”, si así, entrecomillado, subrayado y en negritas para que se note dicho concepto; que fuéramos responsables en nuestro análisis y evaluación de esta iniciativa. Hoy hago mía esa demanda.
Así lo hice; incluso declaré a diversos medios, mi disposición de actuar responsablemente y no emitir ninguna reflexión negativa hasta no conocer a fondo la iniciativa, sus fundamentos y motivaciones y, en consecuencia, tener toda los elementos de juicio, mientras tanto, señalé que no podría decir en esos momentos si daría mi aval a esa iniciativa como tal, desaprobarla o que este Poder Legislativo llegara, con base en información, seria y suficiente a una propuesta alternativa.
En la sesión de las comisiones co-dictaminadoras de Hacienda y Cuenta Publica, y la de Puntos Constitucionales al distribuir y dar a conocer formalmente la iniciativa, nos topamos con una iniciativa del Poder Ejecutivo estatal con una pobre y vaga fundamentación y exposición de motivos con los que pretenden justificarla. Con los mismos argumentos que ahí se vierten se le puede debatir, claro…! si hubiera disposición y voluntad política de parte de los integrantes de la fracción priistas que presiden e integran esas Camisones.
Con una nula explicación, ya no digamos especificación de los programas, obras, inversión y montos. Este documento del Ejecutivo ni siquiera logra, o pretende especificar si quiere 500 millones para la reestructuración de la deuda existente, o para su refinanciamiento. Por mucho menos, este congreso ha rechazado solicitudes de endeudamiento de municipios.
No es serio, ni por parte del Ejecutivo del estado, ni por los diputados que van a aprobar este dictamen, que no presenten una propuesta financiera clara y transparente. Sólo piden el endeudamiento para ver todavía que van a hacer con él. Al menos a este Congreso, donde se halla la representación del pueblo yucateco, no le están informando nada más.
Existen más dudas que respuestas, al conocer y analizar esta iniciativa y este es uno de los motivos por lo que solicite, en tiempo y forma, misma que fue negada por la mayoría; la presencia de los secretarios de Hacienda y de Planeación y Presupuesto, para tener elementos y actuar responsablemente. Pero ahora resulta que los que demandan r-e-s-p-o-n-s-a-b-i-l-i-d-a-d y la evocan recurrentemente sin sustancia, reduciendo de manera oportunista a la responsabilidad , como un criterio de oportunidad, porque a su decir, las fuentes de financiamiento se están agotando por la gran demanda que tienen otros gobiernos hacía ellas. Y que sería una irresponsabilidad de este Congreso si no aprobamos en 24 horas el endeudamiento aunque no sepamos ni cuando, ni cómo, ni en qué, ni por quién, ni para qué se va usar: Eso es cosa menor, para los diputados del PRI y para la compañera diputada Doris Echeverría Candila; como si despejar esas dudas no fuera parte de nuestra función y trabajo en este Congreso.
No quiero dejar de mencionar que originalmente trascendió de diferentes personas, entre ellas, los mismos titulares de las Secretarías que solicité su comparecencia y de la propia titular del Ejecutivo del estado, que solicitaría a este Congreso la autorización de endeudamiento en virtud de que se habían dejado de percibir 900 millones de pesos, por concepto de participaciones federales hasta el mes de julio o agosto, y que se habían tenido que utilizar fondos para aguinaldos para cubrir los gastos, en fin una serie de declaraciones no sé , si oficiales o no, pero que nos llevan a varios cuestionamientos:
¿Si ha habido en otros rubros o programas por aportaciones federales, incrementos o se proveen otros incrementos, que aunque son recursos etiquetados, no de libre disposición pero si representan ingresos o inversiones en el estado?
¿Cuánto se presupuestó gastar en el primer semestre de 2009 y cuánto realmente se gasto? ¿Cuánto disminuyeron las participaciones en ese mismo primer semestre?
¿Cuánto se ahorró en el marco del PEY, como se utilizo ese dinero, a cuantas personas se beneficiaron? ¿Cuánto se debe a proveedores? ¿Cuánto es el gasto irreductible de lo que falta del ejercicio y cuánto se prevé que mande la federación? ¿Se prevé para este año excedentes petroleros?
Se dice que el crédito es para atender los compromisos financieros y continuar con los programas que beneficien a los sectores vulnerables: ¿Qué compromisos financieros y qué programas?
Dicen que hubo una reducción de ingresos propios y una considerable baja en la recaudación de los impuestos federales administrados por el estado, ¿De cuánto es cada concepto?
No especifican los montos, y el plazo en que se va contratar la deuda y el porcentaje en que se van afectar las futuras participaciones federales. Dicen que hasta de 1,870 millones de pesos y hasta 25 años, y hasta el 30% de las participaciones federales, pero no especifican más. Por su parte el Secretario de Gobierno, anoche en el canal local de T.V. Azteca, declaro que de esos 1 mil 870 millones, 600 millones será para pago de deuda pública e intereses. Luego entonces él fue más específico con su entrevistador que con el Congreso, porque a él si le definió que la deuda es para refinanciamiento.
La misma titular del Ejecutivo, en dicha entrevista grabada del programa citado, enfatizó que empezó a recibir los recortes del gobierno federal, a partir de agosto y llevaba acumulaba 1 mil 400 millones de pesos (o sea, en un mes el estado dejó de percibir esta cantidad) y que el préstamo que se pretende hacer será un endeudamiento por 15, 20 ó 25 años. Y habló de que dicho dinero se invertirá en obras prioritarias y que se trata de una ingeniería financiera. ¿Cuáles son esas obras prioritarias, quienes se van a beneficiar, cuántos empleos permanentes se van a crear? ¿En qué consiste su ingeniería financiera?
Pero el colmo de la desfachatez, cinismo o ignorancia, es la afirmación del Sr. Víctor Sánchez, Secretario General de Gobierno, cuando responde a pregunta expresa del entrevistador: No existe posibilidad de arriesgar el futuro presupuesto estatal. Pues se pondrán en garantía las participaciones federales ¿De dónde cree este señor que sale una tercera parte de lo que se gasta en el estado?. Pues nada menos que de las participaciones federales, cuál es el futuro mediato del gasto público en el estado con este endeudamiento? Esto es lo que debería responder.
Estos son algunas de las preguntas, dudas y cuestionamientos que los diputados requerimos de información para decidir si avalamos este decreto o no. En todo o en parte. Recordemos que uno de los principales compromiso de un diputado, que representa los intereses del pueblo, son ejercer sus facultades legislativas y políticas administrativas y, por lo tanto, su función principal es el control jurídico, político y económico del Poder Ejecutivo.
De éstos, el más relevante es el tercero porque tiene que ver con la revisión, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Dentro de la división de poderes, los controles del Poder Legislativo al Ejecutivo es fundamental para la consolidación democrática y, por ende, con el fin de lograr la mejoría de vida de los ciudadanos.
No es válido, por tanto, que estos controles se vean disminuidos o anulados por la hegemonía de un partido político. Se debe respetar, ante todo la conformación plural que existe en este Congreso y privilegiar, dentro del marco de la ley y la ética su función de contrapeso al Ejecutivo.
Si bien es cierto que tenemos mucho que juzgar de lo erróneo de algunas políticas públicas del Ejecutivo, que ya han demostrado su fracaso, también es cierto que es el momento de actuar con responsabilidad y generosidad hacia el pueblo yucateco. Y no el de distinguir ventajas esperando que el gobierno fracase y haya un mayor descontento social. Los diputados somos corresponsables del fracaso, o éxito, de las políticas públicas impulsadas por el gobierno en turno, al ser crítico y responsable, o bien, diligente y complaciente con el Ejecutivo.
El punto de debate, la sustancia y motivación de esta iniciativa es la crisis económica y financiera por la que está atravesando el mundo, el país y el estado. La solución que propone esta iniciativa es el endeudamiento y nosotros decimos, antes del endeudamiento, deben reducirse considerablemente los gastos de comunicación social, los gastos superfluos, y los gastos por servicios generales, esto no lo digo yo, es la exigencia que le hacen los legisladores al ejecutivo del ámbito federal. En otras palabras, un gobierno verdaderamente austero. Primero tendría que saber esta soberanía formalmente, con los representantes del ejecutivo, cuáles son las medidas de ahorro tomadas en estos rubros, no enterarnos de algunas cosas en los medios, en entrevistas de banqueta de diferentes funcionarios de la Administración Pública, que además se contradicen y algunas sólo demuestran desconocimiento del tema.
El endeudamiento es la salida fácil, trivial y peligrosa, porque precisamente en esta crisis profunda que se prevé para dos años más, mínimo, al menos en esos años vamos a tener que reducir considerablemente el gasto en programas sociales para pagar el servicio de la deuda. Se propone endeudar hasta cinco generaciones. NO señores diputados, NO C. Gobernadora. Ante la falta de respeto a esta soberanía, ante la falta de transparencia en el ejercicio del gasto público, ante la evidencia pública de despilfarro de recursos, de un ambicioso y desmedido gasto en promoción personal, esta soberanía no puede obrar a la ligera. Aceptémoslo, el país está en riesgo de quiebra y Yucatán como estado subsidiado de la federación no puede abstraerse de esta realidad.
“Los hombres no son nada, los principios lo son todo” Benito Juárez García
A las Presidencias de las Comisiones Permanentes de Hacienda y Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura de este H. Congreso.
Por medio del presente, y en mi calidad de Diputada integrante de esta Legislatura, me permito proponer, en base al Artículo 100 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, que por la trascendencia e importancia socio política y socio económica que reviste el conocer, razonar y evaluar la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán, 2009, para que esta Soberanía valore la posibilidad de autorización del endeudamiento por Un Mil Ochocientos Setetana Millones de Pesos, que pretende contraer la presente administración del gobierno de Yucatán; propongo se cite a comparecer a los Secretarios de Planeación y Presupuesto, Dr. Armando Baqueiro Cabrera y el de Hacienda, C.P. Juan Gabriel Ricalde Ramírez, para que por separado pormenoricen y desglosen toda la información sobre antecedentes económicos y situación financiera de la actual administración.
Para tal efecto, planteo que la primera comparecencia se realice 48 horas después de que los diputadas y diputados de esta Legislatura hayan conocido y recibido la iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto con el objeto de que cada diputada y diputado estudie y analice el documento para elaborar sus interrogantes que le surjan. La segunda comparecencia, considero se puede realizar 36 horas, posteriores a la primera.
De la misma forma se propone que las preguntas para despejar las interrogantes de los diputados, se hagan en cuatro rondas; donde 1 diputado de cada fracción parlamentaria representada en este H. Congreso, podrá participar exponiendo las cuestiones de su grupo, hasta por 10 minutos en cada ronda.
UNASSE - Academia Mexicana de los Derechos Humanos - Vigia Ciudadano del Ombudsman - U.N.A.M
Participación de la Dip. Bertha Pérez Medina en el 1er Foro "Construyendo Sinergias a Favoror de los Derechos Humanos", en el cual informa y analiza la situación de los Derechos Humanos en la Entidad y la intervención del Poder Legislativo
La comunicación es una de las funciones imperativas de un Congreso Legislativo, ya que así permite a éste dar a conocer a sus representados las gestiones de los asuntos de su competencia y a la vez promover la retroalimentación con la participación debidamente informada de la sociedad.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que los Derechos Humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí y que, por tanto, se debe dar a todos ellos la misma importancia. Y que todos los Estados deben adoptar medidas eficaces para el pleno ejercicio de todos los derechos humanos.
En este sentido, el ejercicio del derecho a la información es indispensable para el ejercicio de todos los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Reivindicación permanente que tiene que estar presente en todo Estado que se precie de ser democrático. Y que hoy, para todos los integrantes de este Poder legislativo representa una infranqueable obligación de tutelar este derecho.
De esta forma, quiero comentar, que el pasado 17 de agosto, diversas personalidades del mundo intelectual, empresarial, académico, de los derechos humanos y político se dieron cita para atestiguar unos y signar otros, El Compromiso con la Libertad de Expresión México 2009. En el cual destacan, entre otras, las siguientes declaraciones de propósitos:
> PROMOVER la difusión y el acceso a las fuentes de información pública que incentiven un nivel de participación más documentado, responsable y profundo, que mejore la calidad de nuestras democracias y de la gestión de los gobiernos,
> PUGNAR porque el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el acceso a Internet, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la convergencia sirvan para un ejercicio pleno de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la información,
> PEDIR que las obligaciones de los organismos internacionales y de los Estados en materia de libertad de expresión y derecho a la información incluyen a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos de los diferentes niveles de gobierno a partir de la división política de cada país.
Las anteriores consideraciones, mismas que expuse en su momento, debidamente motivadas y fundamentadas en el Punto de Acuerdo, para que a través del medio informativo de canal 13, propiedad del gobierno del estado, se trasmitieran las Sesiones de este Honorable Congreso; me llevan hoy a tomar la tribuna para manifestar que en el primer período del primer año de ejercicio constitucional de esta 58 legislatura en el que fungían como Presidenta de la Mesa Directiva la Diputada Elsa Virginia Sarabia Cruz, y como Secretarias de la misma las Diputadas María Cecilia Pavía González y María Doris Ybone Candila Echeverría, en su sesión plenaria del día 20 de de julio de 2007, fue aprobada la Proposición que presentó la de la voz, Dip. Bertha Eugenia Pérez Medina, con el siguiente PUNTO DE ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO; “ Que el H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de una Comisión de carácter temporal analice, estudie y gestione, en su caso, ante el Titular del Ejecutivo estatal dentro del marco de la división de poderes y de conformidad con las facultades que le otorga la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Yucatán, su participación para que mediante un convenio de colaboración entre ambos poderes, se realicen los trámites necesarios para difundir y transmitir a través de la televisión, específicamente la empresa paraestatal Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V., Operadora de TRECE TV (canal 13), las acciones legislativas y parlamentarias del H. Congreso del Estado”.
ARTICULO SEGUNDO, donde indica: “ Se solicita a la Gran Comisión de este H. Congreso del Estado, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponga a esta Soberanía a la brevedad posible la creación de una comisión especial temporal y su integración de manera plural con el objeto de dar cumplimiento al punto anterior”.
Han transcurrido más de dos años y los integrantes de la Gran Comisión no han propuesto a esta Soberanía la comisión especial temporal de conformidad y en cumplimiento del Punto de Acuerdo aprobado. Tampoco la presidencia de este Congreso ha cumplido con su función y responsabilidad de dar cuenta a la legislatura de los asuntos tramitados. La mesa directiva de entonces fungió como tal 40 días más, tiempo suficiente para dar cumplimiento al Acuerdo, cosa que no hizo. Presidentes van, Presidentes vienen y tampoco han dado cuenta del asunto.
Esta por demás señalar que estas omisiones contravienen nuestra ley orgánica con responsabilidad de quienes no cumplen con sus atribuciones y funciones, por lo que hago un EXHORTO a los integrantes de la Gran Comisión y a la actual Presidencia de la Mesa Directiva para que los primeros den cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado y la segunda vigile su cumplimiento y de cuenta a esta legislatura del asunto en la próxima sesión ordinaria.
Las consideraciones, las manifestaciones y el exhorto antecedentes cobran mayor relevancia por los últimos acontecimientos y declaraciones que nos indican que en el actual gobierno la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información están sufriendo un grave retroceso en la joven vida de la transparencia en el estado y en la consolidación del ejercicio pleno del derecho a la información. El grupo o partido que ostenta el poder en el gobierno puede decir lo que quiera, para descalificar las voces autorizadas y la de la opinión pública, ya sea por ignorancia o por falta de vocación democrática de respeto al estado de derecho, pero eso, en lugar de cambiar la percepción de la sociedad de la opacidad con que se manejan los recursos públicos y la gestión de gobierno, la acrecienta. Como integrante de este Poder Legislativo.
¿Quiénes aprobaron que en Congreso Yucateco se integrara a la Comisión para la Implementación de la Reforma en Seguridad y Justicia Penal en el Estado de Yucatán, sin la debida y obligada autorización del Pleno legislativo?
Durante la sesión Plenaria del Congreso, de hoy 26 de marzo, la diputada Bertha Pérez Medina, haciendo uso de la palabra en tribuna, solicitó al Presidente de Mesa Directiva en turno, Diputado Víctor Chí Trujeque , (PRI), informara al respeto.
Mérida, Yucatán, a 26 de marzo de 2009
En días pasados la prensa dio a conocer que el día 19 de marzo del presente año, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Gobierno del Estado Yucatán, firmaron un compromiso o convenio para implementar la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado y, que por tal motivo se instaló la “Comisión para la Implementación de la Reforma en Justicia Penal en el Estado de Yucatán” . De la misma forma, se da cuenta de que esta Comisión se conformó, entre otros, por tres representantes de este Poder Legislativo y que son: el Diputado Efraín Aguilar Góngora, la Diputada Doris Candila Echeverría y la Diputada Patricia Gamboa Wong.
Al respecto, la que suscribe, en mi carácter de Diputada integrante de esta LVIII Legislatura, y con base a mis derechos como legisladora que me confiere la Constitución Política de Yucatán y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán le requiero la siguiente información:
1.- ¿Cuándo se le dio a conocer a esta soberanía y aprobó el proyecto de convenio para implementar las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal en la entidad?
2.- ¿Cuándo aprobó esta soberanía que este Poder Legislativo suscribiera dicho convenio?
3.- ¿Cuándo la Asamblea de esta LVIII Legislatura aprobó la designación del Diputado Efraín Aguilar Góngora, de la Diputada Doris Candila Echeverría y de la Diputada Patricia Gamboa Wong, como representantes de este Poder Legislativo en la integración de la Comisión enunciada en el primer párrafo de esta petición?
4.- ¿Con base en que fundamento o criterios se estableció el número y determinó la designación del Diputado Efraín Aguilar Góngora, de la Diputada Doris Candila Echeverría y de la Diputada Patricia Gamboa Wong, como representantes de este Poder Legislativo en la integración de la Comisión enunciada en el primer párrafo de esta petición?
En base al artículo 109, fracción III, de la Ley Organica del Poder Legislativo del estado de Yucatán, esperando el trámite correspondiente y su pronta respuesta, quedo de Usted.
SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO, EN SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA ADELANTAR PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS; A PESAR DE LAS OBSERVACIONES BIEN FUNDAMENTADAS QUE REALIZO LA DIPBERTHAPÉREZ
Tenemos que empezar por reconocer que tanto la forma como el fondo de la renuncia de los tres Consejeros, de cuatro, del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), es una situación singular y excepcional jurídica y políticamente hablando en la relativa corta existencia de la CODHEY.
Este caso suigéneris ha dejado al descubierto muchas cosas, entre otras, que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán tiene lagunas y vacios en cuanto al procedimiento de nombramiento de Consejeros, puntualmente estamos hablando de su artículo 28.
Es importante no soslayar que, tanto los ahora tres ex-consejeros, como las organizaciones de la sociedad civil, demandan no solo un proceso claro en la designación de los nuevos consejeros de la CODHEY; sino que también se esclarezcan los motivos que originaron la renuncia de Olga Consuelo MoguelPereyra, Alejandro Seguí Cisneros y Guillermo AlonzoAngulo. Más aun, no podemos perder de vista que la sociedad organizada es parte de los verdaderos mandantes de los diputados, que a su vez exigen certeza, transparencia, honestidad y eficiencia a un Congreso que presume de ser “cercano a la gente"; y que hasta ahora no les ha abierto la posibilidad de participación activa en la solución de este conflicto, tampoco les ha dado una respuesta a sus demandas.
La fracción I del art. 28 establece: "La convocatoria deberá publicarse a más tardar treinta días antes de la fecha en que deban designarse a los Consejeros"
Y la fracción II dice: "La Comisión Permanente, a más tardar siete días antes de la fecha en que deba designar a los Consejeros, publicará una lista …"
Invito a que algún diputado o diputada, con fundamento en la Ley, exprese en esta Asamblea cuándo se debe nombrar un Consejero en caso de renuncia o vacante.Es entonces, Diputadas y Diputados, que con base en la facultad que nos confiere el artículo 30, fracción V de la Constitución Política de Yucatán, que reproduzco a la letra:
Art. 30.- Son facultades del Congreso: V.- Dar, interpretar y derogar leyes y decretos Con base en esa facultad constitucional, que los cuatro coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en esta Legislatura, así como los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de este Congreso estuvieron de acuerdo en esta interpretación fundada, en la reunión que para tal efecto se realizó en la oficina de la Presidencia de la Gran Comisión.
No estoy haciendo uso de la palabra en esta tribuna para defenderme de la sarta de mentiras, y verdades a medias, que sólo reflejan la falta de ética, de probidad, oficio político, incapacidad, dolo y sobre todo irresponsabilidad de la fracción parlamentaria del PRI y compañía -(Todos Somos Yucatán)- .
Esta actitud de irresponsabilidad, es lo que está debilitando la institucionalidad del Congreso del Estado, y con esa misma actitud están contribuyendo a socavar la confianza de la sociedad en este Poder Legislativo. Y como decía Confucio a sus discípulos: “para gobernar se puede prescindir del ejercito, hasta de la suficiente comida, pero menos de la confianza. Si el gobernante pierde la confianza del pueblo, lo pierde todo”.
Que quede claro; hago uso de la palabra porque la Propuesta de Punto de Acuerdo no sólo esta insuficientemente fundado y motivado, sino que peor aún; faltan a la verdad sus promoventes…
La Gaceta Legislativa "Tumben K'in" de la Dip. Bertha Pérez Medina, es un medio por el cual la diputada difunde las actividades de la LVIII Legislatura del Congreso de Yucatan. Asi como de las intervenciones y posicionamientos, cuyo objetivo principal es que la ciudadanía yucateca tenga elementos suficientes para analizar y evaluar a sus representantes populares y autoridades gubernamentales.
signar a los Consejeros, publicará una lista …"
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