La CODEHY, como toda institución pública debe investigarse y estudiarse: Dip. Bertha Pérez

Al inicio de la comparecencia del Consejero Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Lic. Jorge Victoria Maldonado, la Dip Bertha Pérez expreso lo siguiente:

Buenas Tardes; compañeros diputados integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, del H. Congreso de Yucatán y demás diputados que nos acompañan.

Buenas tardes representantes de la sociedad civil, que hoy nos honran con su presencia.

Buenas tardes Público en General .

Antes de dar paso a la comparecencia, que esta Comisión Permanente, que me honro en presidir, solicitó al Consejero Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en base al artículo 30,fraciones XXXI Y XXXIV, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; al artículo 64, inciso k, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, y al artículo 25 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y que acordó el Pleno de dicha Comisión Permanente, en Sesión de Trabajo del día viernes 16, de los corrientes; quiero citar lo siguiente:

“La institución nacional [de derechos humanos]tendrá que responder, invariablemente, desde el punto de vista jurídico y financiero,[…] al parlamento.[Desde luego, todos los informes oficiales de la institución[nacional de derechos humanos]deben poder investigarse y estudiarse abiertamente. Al alentar el debate público, la institución nacional puede contribuir a la eficacia interna y velar por que el público tenga conocimiento de su existencia y de las pautas que se a fijado para lograrlos:”

Naciones Unidas, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos, 1995.

Lo anteriormente citado, es con el único fin de invitar, a mis compañeros diputados, a las ONG’s de Yucatán y a la ciudadanía en general, para que todos juntos hagamos un exhaustivo ejercicio de reflexión, para seguir trabajando por ampliar y desarrollar, el pleno respeto y la eficaz tutela de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales en Yucatán, ya sea proponiendo modificaciones legislativas, ya sea instrumentando políticas públicas y programas que estén en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos bajo el principio “pro persona” reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos que establece que se debe utilizar la legislación que proteja más a la persona. Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por México, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su última tesis al respecto, ha señalado que los Tratados Internacionales están por encima de las Leyes Federales, en este caso la Convención Interamericana por encima de la Ley Federal.

Finalmente, quiero dejar por sentado que como legisladora, integrante de esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso de Yucatán, toda observación crítica a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, no necesariamente implica atentar en contra de esta institución ciudadana, el objetivo no es de ninguna manera tratar de debilitarla. Por el contrario, el fin es de impulsar su mejoramiento.

Yo, tanto como legisladora y ciudadana yucateca, estoy más que convencida que las organizaciones civiles y la sociedad en general necesitamos una CODHEY fuerte, pero sobre todo, eficaz, que atienda las raíces de los problemas de derechos humanos en Yucatán, que no actúe políticamente, que esté comprometida con los más altos estándares de derechos humanos y que construya la interpretación tanto de la legislación estatal, como nacional y como de la legislación internacional lo más favorable posible para quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

En la actualidad, no existe quien niegue la necesidad de cambios políticos, económicos y sociales acordes a una etapa y época caracterizada por una transición democrática; de modificar las estructuras con el fin de avanzar en desarrollo social, con justicia y responsabilidad, bases para un desarrollo más pleno e igualitario, garante en todo momento del respeto a las leyes del Estado, la pluralidad y transparencia. Es decir, de un verdadero sistema democrático, basado en el cumplimiento y respeto a los derechos humanos.

El respeto y garantía de los derechos humanos es responsabilidad exclusiva e ineludible del Estado. Por lo tanto -a diferencia de otros aspectos de la vida pública-, en materia de respeto y garantía de derechos humanos, el papel de Poder Legislativo del Estado de Yucatán, como parte del Estado, es vigilar que se cumpla con lo mandatado de la mejor manera.

Reconociendo la autonomía constitucional de la que esta dotada la CODHEY, como mandatario del Congreso, como todo organismo público está sujeta al escrutinio de la sociedad y lejos de eximirla de controles constitucionales y sociales.

Por ello, ente las observaciones, denuncias y quejas que en su momento hicieron llegar a este H. Congreso los ahora tres ex Consejeros de la CODHEY, y que no fueron atendidas con apremio , como el caso lo ameritaba, y desde luego por la demanda de atención que nos han exigido de manera oficial, varias organizaciones de la sociedad civil yucateca, es por lo que hoy iniciamos un proceso de estudio y evaluación sobre el estado que guarda la defensa y cumplimiento de los derechos humanos en Yucatán, por lo que se comienza con la comparecencia del Ciudadano Lic. Jorge Victoria Maldonado, a quien le facilito el uso de la palabra.

Mérida, Yucatán, 19 de enero de 2009

Dip. Bertha Pérez Medina
Presidenta de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y grupos Vulnerables

de la LVIII Legislatura de Yucatán

ONG`S EN EL CONGRESO DEL ESTADO, CUESTIONAN LEGALIDAD DE PROCESOS DE ELECCION DE CONSEJEROS A LA CODHEY

POR ESTO!(http://www.poresto.net/) a 9 de Enero de 2009.-
En medio de recriminaciones y condenas, representantes de diversas organizaciones no gubernamentales reprocharon a los diputados del Congreso y en particular a los que conforman la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, la forma en que están violentando la ley con el proceso para designar a los tres consejeros de la Codhey, por lo que anticiparon que recurrirán a amparos y emplazarlos a juicios, en caso de que no tomen en cuenta sus propuestas, que consisten en llevar a cabo una investigación de los consejeros dimitentes, deslinde de responsabilidades y sanciones en su caso, así como sanear a la Codhey.

Opinaron que el proceso de selección de los candidato(a)s a consejeros de la CODHEY resulta una farsa y en caso de concretarse quedarían deslegitimados por la violación al marco jurídico.

Durante la sesión de la comisión, que por momentos se tornó ríspida y en la que incluso hubo un zipizape entre el secretario técnico de la comisión, Juan Carbajal, y el Oficial Mayor, Martín Chuc Pereira, por la custodia de los documentos que contenían las propuestas de los candidatos a consejeros, los diputados conocieron los nombres de los aspirantes, acordaron consultar al Instituto de Investigaciones Legislativas para que resuelva el entrampamiento jurídico, así como responder por escrito al planteamiento hecho por las organizaciones civiles.

Los representantes de las agrupaciones afirmaron que los diputados no sólo violan las leyes sino que son cómplices de los atropellos a las garantías constitucionales del ser humano, empezando por los derechos humanos de las ONGs al negarse a escucharlos.

“Dejen de estar sentados en sus cubículos y dense una vuelta en las escuelas, en los hospitales, en el penal de Mérida donde su director Francisco Brito Herrera viola flagrantemente los derechos humanos desde el momento que ingresan los internos, su permanencia al frente del Cereso se debe a la protección que recibe de su cuñado el diputado Jorge Carlos Berlín Montero, presidente de la Gran Comisión”, acusaron.

Desde el inicio, la sesión de la comisión empezó con una marcada diferencia y discusión entre sus integrantes, incluso hubo acusaciones directas contra la Oficialía Mayor por presuntamente alterar documentos oficiales, por lo que varios diputados se dijeron extrañados y “chamaqueados” porque desconocían que serían visitados por los representantes de varias ONGs, lo que no fue de su agrado.

La sesión en la que se analizarían las propuestas ciudadanas para los tres consejeros que hacen falta en la Codhey comenzó tensa, desde el momento en que la diputada presidenta Bertha Eugenia Pérez Medina pidió una explicación a Oficialía Mayor por la presencia de policías fuertemente armados en el interior y las inmediaciones del recinto legislativo; se le informó que la presencia de los elementos obedecía a que en las sesiones solemnes en las que se entregarán hoy y el domingo las medallas “Prof. Pánfilo Novelo Martín” y “Héctor Aguilar Victoria”, la Banda de Guerra de la SSP y la orquesta del Gobierno del Estado ensayarían para ambas ceremonias.

Luego la discusión se centró en la participación de las ONGs, toda vez que Pérez Medina pretendía que se alterara el orden del día para agregar un punto más, que sería el primero, donde las organizaciones civiles intervinieran, lo que fue rechazado por los diputados priístas, quienes propusieron que las agrupaciones participaran en el punto de Asuntos Generales, lo que fue aprobado por mayoría, pero que fue recriminado por los visitantes.

Una nueva discusión generó la lectura de las actas del 11 de julio y 22 de diciembre del 2008, pues según la diputada Pérez Medina la Oficialía Mayor y la Dirección de Comunicación Social omitieron la intervención del diputado Efraín Aguilar Góngora durante la sesión de julio donde se propuso escuchar primero el informe del ombudsman para después analizar el asunto de los consejeros, lo que nunca ocurrió sino hasta que éstos renunciaron a principio de diciembre pasado.

En ese punto, de nuevo las pasiones se despertaron y tanto las diputadas de oposición (Pérez Medina, Doris Candila y Carlota Storey) como los priístas se enfrascaron en una discusión, primero en que si hubo o no una alteración de las versiones de audio y video y después en que si se aprobaba o no el acta del 11 de julio, lo que al final ocurrió por unanimidad.

Ahí se puntualizó la gravedad de acusar sin fundamento por parte de Pérez Medina, porque nadie era experto ni perito para determinar si hubo alteración al audio y video de la citada fecha.

De nueva cuenta la discusión resurgió cuando se entregaron las propuestas de los candidatos a consejero(a)s, pues los diputados acordaron que se empezaran a analizar después de desahogar todos los puntos del orden día, lo que fue recriminado en su momento por los representantes de las ONGs.

Después de casi dos horas, tocó el turno a las agrupaciones civiles; el primer en intervenir fue Jesús Peraza Menéndez, quien calificó el proceso como una “farsa” y acusó al diputado Víctor Chi de tender una barrera a la sociedad, con el pretexto de ceñirse a un marco jurídico, cuando eran ellos los que lo estaban violentando.

—No podemos seguir viviendo en el error, no nos beneficia en nada lo que está pasando en la Comisión de Derechos Humanos y por eso le decimos que investiguen y legislen en la materia para fortalecer los derechos humanos -acotó.

Por su parte, María Eugenia Núñez Zapata calificó como una “ofensa” la intervención del diputado Efraín Aguilar Góngora relativo a la presencia policiaca fuertemente armada. “Lástima que esto no se pueda transmitir para que vea la sociedad la forma en que los diputados dirimen sus asuntos”, externó.

Lamentó el escenario que presenciaron durante la agria discusión entre los diputados, acusándose mutuamente y descalificándose unos a otro. “No convocar a los expertos (por el asunto de las alteraciones) es una omisión, y la omisión también es corrupción de todas las partes”, dijo.

“Por cortesía, le informaron a la comisión suplir una falla, y es una falla el darle entrada para su desahogo a un oficio fechado el 8 de enero, pero este oficio de las ONGs que fue entregado con anticipación, no le dieron la oportunidad a las agrupaciones de externarse. Pasando después a la designación de los consejeros”.

A su vez, Rodrigo Mendoza dijo que las designaciones de los consejeros que haga el Congreso estarán “deslegitimadas” porque aún no se ha limpiado la casa de los Derechos Humanos.

Carlos Méndez Benavides, de Oasis San Juan de Dios, también arremetió contra los diputados y el Congreso, a los que acusó de “ignorantes”, “violadores de los derechos humanos” y de solapar las graves irregularidades que se registran en el seno de la Codhey.

Fustigó la ligereza con que los diputados calificaron la presencia policiaca, “ya que la portación de armas largas y R-15 sí son violatorias de las garantías, pero como ustedes violan los derechos humanos, ya nada me extraña”, dijo.Acusó a los legisladores de hacer “barrabasadas y barbaridades y media”, lo que sólo evidencia un desprecio a los derechos humanos.

La Licda. Amelia Ojeda Sosa, de Unasse, acusó a los diputados de violentar el párrafo VI del Art. 28 de la Ley de Derechos Humanos y su Reglamento, debido a que son los consejeros quienes deben entregar la renuncia al presidente de la Codhey y, a su vez, será éste quien notifique al Congreso para que inicie el proceso para elegir a los sucesores, cosa que nunca se dio; por eso dijo que los diputados están violentando el marco jurídico.

—Yo quiero preguntar si a los consejeros le aceptaron o no su renuncia, porque si no fue así, entonces lo que se está haciendo es ocioso, no hay necesidad de convocar para elegir a los nuevos consejeros -puntualizó.La doctora Sandra Peniche, también de Unasse, ilustró también a los diputados de cómo están violando la ley. “Lo que vemos es un manejo político, un duelo de quién puede más, pero nunca hemos visto que alguien se pronuncie por la defensa de los derechos humanos”, precisó.

—El diputado Efraín Aguilar debería de moderar su lenguaje porque no venimos a hacer rollos, ni siquiera de sanitario; estamos para denunciar, advertir y defender los derechos humanos como ustedes no lo pueden hacer. Tratamos de dialogar para mostrarles cómo están violando la ley hasta hoy, pero la violación ya está consumada.

—Vamos a hacer una relación y semblanza de todos y cada uno de los candidatos, así como sus lazos políticos con las organizaciones y partidos que los propusieron, porque nos llama la atención que en la lista figuran personas que ha sido denunciadas de proteger al narcotráfico, como el caso de Miguel Angel Rivero Escalante, o de personas empresarias que nada saben ni son garantía para el perfil de la protección a los derechos humanos

-fustigó.También intervino Jesús Ruiz Escalante, quien exhibió la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se cometen de manera indiscriminada en el Cereso de Mérida, “desde el hacinamiento, los privilegios, el autogobierno, la alarmante venta y consumo de droga, todo bajo la anuencia del narcodirector Francisco Brito Herrera que es protegido por su cuñado el diputado Berlín Montero”, dijo.

—Ahora parece un narco de pueblo, lleno de cadenas y alhajas y ya lleva tres administraciones al frente del penal, gracias a su cuñado que lo protege, lo que presenta una vergüenza para nosotros y ustedes los diputados -acotó.

También intervinieron Betania Espinosa, Adelaida Salas que criticó la actitud de su (ex) amiga la diputada Doris Candila Echeverría, entre otros.Por su parte, los diputados Pérez Medina, Doris Candila, Efraín Aguilar y Víctor Chi poco pudieron decir en su defensa.

En el evento también estuvieron las diputadas panistas Patricia Gamboa Wong y Cecilia Pavía González, quienes aprovecharon la ocasión para llevar agua a su molino y proponer que se tome en cuenta las propuestas de la ONGs y se les dé respuesta por escrito.

Al final, entre desatinos, incongruencias y mareados por las recriminaciones y señalamientos, los diputados acordando pedirle al Instituto de Investigaciones Legislativas y a Oficialía Mayor que determinen si ha habido o no violación a la ley; también se acordó contestar por escrito a las OGNs y que el análisis de las propuestas con la participación de expertos quedaría sujeto a la determinación de si hubo o no violaciones al marco jurídico.

Cabe señalar que tras la clausura de la sesión, el Oficial Mayor Martín Chuc Pereira pidió las propuestas de los candidatos para que quedara bajo su resguardo, tal como marca la ley, pero el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Carvajal, se abalanzó sobre los documentos para impedir se los llevaran.